Este 24 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años desde el inicio de la última dictadura militar que asoló a la Argentina. Entre 1976 y 1983, el aparato represor del Estado construyó una máquina del terror como nunca antes se había visto en la historia argentina. Durante los 7 años que ostentó el poder, la dictadura militar se propuso reorganizar la sociedad y construir una nación desmovilizada y desprovista de cualquier vocación de resistencia.
La magnitud del horror, la debacle económica y la guerra de Malvinas fueron algunos de los factores que explican por qué la dictadura argentina – a diferencia de otras experiencias dictatoriales de la región – tuvo que dejar el poder sin capacidad alguna para condicionar la transición. Con el regreso de la democracia, la Argentina se convirtió en el único país de la región en juzgar a los represores por crímenes de lesa humanidad.
En 1985, el Juicio a las Juntas se convirtió en un hito a nivel mundial; se trató de la primera vez que los jerarcas de una dictadura fueron juzgados por el gobierno civil que la sucedió. 50 años después, los discursos negacionistas se encuentran de nuevo en boga a la vez que se observa un retroceso democrático a nivel mundial.
Semblanzas del contexto político que desembocó en el golpe hacia fines de los años 60 y principios de los 70, los años del bienestar de la posguerra, el boom de la liberación sexual en los Estados Unidos y el gran punto de inflexión que significó el Mayo Francés colocaron a los jóvenes como protagonistas del cambio social y político que experimentó la Argentina en la segunda mitad del siglo XX.
En un contexto de represión política, social y cultural contra todo tipo de expresión disidente, muchos jóvenes creyeron que la única forma de lograr un cambio social profundo era a través de la lucha armada. El triunfo de la revolución en Cuba también sirvió como antecedente para sostener esta posición.
A pesar del fin de la proscripción del peronismo con el triunfo de Cámpora en 1973 y el posterior regreso de Perón seguido de su ascenso al poder, la conflictividad social no cesaba. Durante el período 1973-1976, a pesar de que la Argentina afrontaba un breve interregno democrático, el correcto funcionamiento de las instituciones era imposible en un contexto donde las fuerzas paramilitares de la triple A-Alianza Anticomunista Argentina, al servicio del ministerio de Desarrollo Social conducido por López Rega- actuaban en complicidad con las Fuerzas Armadas y de seguridad para reprimir no solamente a las organizaciones político-militares sino también a militantes políticos, sociales y sindicales.
La magnitud del golpe y sus particularidades en tanto experiencia autoritaria con el aumento de la brutalidad de la represión y el deterioro de la situación económica acrecentado por la alta inflación, la llegada del golpe se volvió inminente. Varios sectores de la sociedad, desde grupos empresarios hasta algunos partidos políticos y los principales medios de comunicación, saludaron la llegada del golpe creyendo que un gobierno autoritario sería capaz de restablecer el orden que tanto necesitaba el país antes de retomar el orden constitucional.
No obstante, la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla no pensaba convertirse en un paréntesis en la historia argentina. Todo lo contrario; su principal plan de gobierno consistía en reorganizar la sociedad para permitir un renacer cristiano en sintonía con los valores occidentales y cristianos que defendía el régimen.
La escala del terrorismo de Estado no tuvo precedentes en la historia argentina: alrededor de 700 centros clandestinos de detención, 30.000 desaparecidos, 500 bebés apropiados luego del asesinato de sus padres y la imposición del miedo a nivel nacional son quizás las consecuencias más terribles del golpe. Transición democrática y la importancia de la justicia Luego del fracaso estrepitoso en la guerra de Malvinas, quedaba claro que la salida democrática era inminente.
Sin posibilidad de acceder a una transición democrática negociada -como en Chile y Uruguay – la dictadura entregó el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, 35 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La intención de Alfonsín de juzgar a los militares a pesar de los intentos de las Fuerzas Armadas por garantizar su impunidad demuestran un símbolo fundacional de la joven demo argentina: el poder de la ley se impondrá a la ley de la fuerza y la violencia, las garantías del Estado de derecho son fundamentales para construir una democracia sólida, pero esta no puede conseguirse sin juzgar y condenar a los responsables de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.
Una democracia que no juzga a la dictadura que la precedió es una democracia incompleta. Enfrentar el pasado autoritario es un deber necesario que permite a una joven democracia como la Argentina contar con los anticuerpos necesarios para enfrentar a los negacionistas del presente.
La lucha por preservar la dignidad de aquellos que fueron desaparecidos por el régimen del terror es una forma de recuperar todas aquellas historias inconclusas que la dictadura arrebató a familiares y amigos.
Las heridas que produjo el terrorismo de Estado continúan hasta el presente, ya que al tratarse de una represión clandestina, la ausencia de los restos de desaparecidos impidió a muchas familias afrontar un duelo en paz. Sin ir más lejos, hace algunos días se encontraron los restos de 12 personas desaparecidas secuestradas en el centro clandestino de detención de La Perla, en la Provincia de Córdoba.
A 50 años del golpe de Estado defender nuestra democracia de aquellos que quieren ponerla en peligro requiere ejercer una memoria consciente todos los días para que los fantasmas del pasado no vuelvan a aparecer.
Politólogos al Whisky 
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