Con el fin de la Guerra Civil, el triunfo de los nacionalistas dio como resultado la llegada al poder de Francisco Franco, un General del Ejército que se sublevó contra la República y dio origen a una dictadura que duró 40 años. Durante ese período, se produjeron una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos contra los disidentes del régimen franquista. Con la muerte de Franco, la transición democrática dejó una asignatura pendiente que sigue rondando como una herida abierta en la sociedad española: la necesidad de juzgar los crímenes de la dictadura franquista.
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En octubre de 1998, el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de captura internacional contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por los crímenes de asesinato y genocidio. Pinochet en ese momento se encontraba en Londres con motivo de una intervención quirúrgica. Este acontecimiento significó un parteaguas para el derecho penal internacional, en tanto significó la captura de un ex primer mandatario.
En España, país de origen de Garzón, muchos se preguntaron si la detención de Pinochet no podría abrir la puerta para desarrollar procesos similares en España. Después de todo los procesos de democratización en ambos países se parecen bastante, tanto en Chile como en España se desarrolló una democratización por transición, es decir, existió una negociación donde los representantes de las dictaduras franquista y pinochetista negociaron con los partidos políticos el regreso de la democracia.
Esto permitió a antiguos funcionarios de ambos regímenes construir una carrera política en las recién instauradas democracias. En rigor, el Primer Presidente del Gobierno español después de la muerte de Franco fue Adolfo Suárez, un funcionario del gobierno franquista.
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A pesar de que España logró alcanzar este año 50 años de democracia ininterrumpida, los casi cuarenta años de dictadura y los crímenes que se cometieron durante ese período siguen muy presentes en la opinión pública española. Por eso es que desde hace algunos años muchos familiares de víctimas de la guerra civil reclaman la búsqueda de sus seres queridos enterrados en fosas comunes.
La lucha de los españoles por obtener justicia se inspira bastante en la experiencia latinoamericana, sobre todo la Argentina, de conseguir juicio y castigo para los responsables de la represión ilegal.
En este sentido, la detención de Pinochet arroja muchos interrogantes: si España es capaz de exigir la detención de un mandatario extranjero acusado de cometer crímenes internacionales, ¿por qué no podría realizarse algo similar para resarcir a las víctimas de la dictadura franquista? Si partimos de la base de que los principales perpetradores están muertos, ¿cuál es la mejor solución para impartir justicia?
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Cuando asumió la Presidencia del Gobierno español en 2018, Pedro Sánchez, líder del PSOE, partido que gobernaba la Segunda República española antes de la sublevación de Franco, propuso retirar los restos del antiguo dictador del valle de los caídos.
En el momento de su fallecimiento, Francisco Franco fue enterrado con todos los honores propios de un jefe de Estado. A pocos metros de su tumba se encontraban muchas de sus víctimas sepultadas en una fosa común. Sus familiares no tienen siquiera derecho a dejarles un ramo de flores para honrar su memoria.
El fantasma de Franco sigue recorriendo como un fantasma la política española. Para partidos como el Partido Popular y Vox, hablar de los crímenes franquistas constituye hablar sobre un tema que ya prescribió y que mancha el honor de España.
Pero si España quiere convertirse en una democracia justa para todos sus ciudadanos, debe afrontar su doloroso pasado. Las víctimas del franquismo merecen una reparación histórica que pueda calmar su dolor y el de sus familias. Esperemos que algún día los centros de tortura del franquismo sean espacios de memoria, como lo son los centros clandestinos de detención en Argentina.
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