Politólogos al Whisky

El 11 de septiembre de 2025, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictó un fallo que ya ocupa un lugar en la historia latinoamericana: la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado que sacudió al país en enero de 2023. 

“Ningún ciudadano, por más alto que sea el cargo que haya ocupado, puede situarse por encima de la Constitución”, afirmó en su voto el juez Alexandre de Moraes, uno de los blancos del plan golpista. Sus palabras sintetizan el sentido de una sentencia que marca un antes y un después: nunca antes un exmandatario brasileño había sido sancionado con semejante severidad por atentar contra el orden democrático.

Qué ocurrió y de qué se lo acusa

Tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro impulsó un relato de fraude sin pruebas, que alimentó la movilización de miles de seguidores. El 8 de enero de 2023, una multitud invadió y destruyó las sedes del Congreso, del Palacio de Planalto y del Supremo Tribunal Federal. Aquello no fue un estallido espontáneo: la Justicia probó que existió un plan organizado para desconocer el resultado electoral e instaurar un gobierno de excepción con apoyo militar. 

Los cargos que pesan sobre Bolsonaro son contundentes: intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, formación de organización criminal, asociación ilícita armada y daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. 

El fiscal general Paulo Gonet fue categórico en su alegato: “No se juzga aquí una mera protesta; se juzga la planificación sistemática de un golpe de Estado que buscaba destruir la democracia brasileña”.

La evidencia fue abrumadora. Declaraciones de excolaboradores, como el del oficial retirado Mauro Cid, revelaron la existencia del plan “Punhal Verde-Amarelo”, que contemplaba incluso el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez De Moraes. Documentos, mensajes en redes sociales y registros de reuniones con militares de alto rango confirmaron la coordinación de la intención del golpe. 

Una condena histórica en clave comparada

Lo que hace a este fallo tan significativo no es sólo la figura del condenado, sino su contraste con el pasado brasileño. Durante la dictadura militar (1964-1985), los responsables de violaciones masivas de derechos humanos gozaron de impunidad garantizada por la Ley de Amnistía de 1979, y ni los presidentes de facto ni los altos mandos militares fueron juzgados efectivamente.

La jueza Cármen Lúcia recordó en su voto esa deuda histórica: “Nuestro país convivió con décadas de impunidad militar. Este tribunal no puede repetir ese silencio frente a un ataque frontal al estado democrático de derecho”.

Incluso en la etapa democrática, expresidentes como Fernando Collor de Mello o Dilma Rousseff enfrentaron procesos de destitución política, pero ninguno fue condenado penalmente por atentar contra el orden democrático. La sentencia contra Bolsonaro inaugura un nuevo paradigma: la rendición de cuentas no se limita a la arena parlamentaria o electoral, sino que alcanza también el ámbito judicial con sanciones efectivas.

Reacciones y tensiones

Bolsonaro, por supuesto, no reaccionó bien al fallo. Desde su residencia en Brasilia declaró: “Es una condena absurdamente excesiva y desproporcionada. No existe prueba alguna de que yo haya ordenado un golpe. Soy víctima de una persecución política”. Sus abogados ya anunciaron que apelarán en instancias nacionales e internacionales.

Del otro lado, Lula se limitó a destacar el rol de la Justicia: “No me corresponde celebrar ni lamentar. Sólo digo que la democracia se defiende con instituciones fuertes, y eso es lo que vimos en este proceso”.

Las Fuerzas Armadas recibieron el fallo con silencio institucional. Sin embargo, el hecho de que varios exgenerales hayan sido condenados —con penas que superan los 20 años— constituye una señal inequívoca de que la tutela militar sobre la política está en retroceso. 

Por otro lado, el proceso tiene implicaciones internacionales: gobiernos como el de los Estados Unidos han expresado críticas, y se han impuesto sanciones diplomáticas y económicas. 

Implicancias para la democracia brasileña

El fallo fortalece al Supremo Tribunal Federal como garante del orden constitucional y envía un mensaje claro: los tiempos de impunidad han terminado. Para muchos analistas, representa un cierre simbólico de la transición inconclusa de 1985.

Esta sentencia también pone de relieve una singularidad del sistema judicial brasileño: el STF no sólo actúa como corte constitucional, sino que también tiene competencia penal para juzgar a altas autoridades, incluyendo al presidente y exmandatarios. Este carácter mixto —jurisdicción penal y constitucional— convierte al STF en un actor político de primer orden en Brasil, con capacidad para intervenir directamente en momentos de crisis institucional. Por eso, su actuación en este caso refuerza tanto su papel como guardián de la democracia como su centralidad en el equilibrio de poderes.

El desafío ahora es doble. Por un lado, evitar que el bolsonarismo convierta la condena en un relato de victimización. Por otro, lograr que esta sentencia histórica se traduzca en un proceso de consolidación democrática. Como sintetizó el constitucionalista Oscar Vilhena Vieira: “El juicio a Bolsonaro no sólo castiga un delito, también abre una ventana para que Brasil enfrente, al fin, la sombra de su pasado autoritario”.

Lo que viene

Desde la sentencia, el caso ha seguido generando novedades hasta la fecha de esta publicación. En agosto, la justicia ordenó el arresto domiciliario de Bolsonaro al determinar que violó medidas cautelares (uso de redes sociales, visita a manifestaciones) mientras estaba bajo vigilancia. 

La consolidación de la pena y la ejecución de la misma están todavía en desarrollo: aunque la condena fue dictada en septiembre, siguen los recursos de apelación y los mecanismos procesales. El hecho de que permanezca bajo arresto domiciliario constituye un paso real hacia la aplicación de la sentencia. 

En el terreno político, se mantiene la intensa polarización: la condena refuerza al bloque democrático institucional, pero simultáneamente moviliza la base bolsonarista, que reclama amnistía y ya prepara una ofensiva política para 2026. La inhabilitación del exmandatario hasta 2030 —decisión previa del tribunal electoral— sigue vigente y ahora se ve reforzada por la condena. 

La condena a Jair Bolsonaro marca un hecho histórico en Brasil: por primera vez un expresidente es sancionado penalmente por atentar contra la Constitución. En un contexto regional de tensiones democráticas y polarización, esta sentencia representa un giro firme hacia la defensa del orden institucional. Contrasta con la falta de rendición de cuentas en el pasado y transmite un mensaje de compromiso con la defensa del orden democrático frente a posibles amenazas. Resta saber si este paso fortalecerá las instituciones o ahondará las divisiones políticas.