Politólogos al Whisky

En los últimos años, la Causa Malvinas atraviesa un escenario especialmente adverso. A la preocupante omisión de la cuestión de soberanía en el acercamiento diplomático entre la ex canciller Diana Mondino y su par británico, David Lammy, se suma el uso del nombre colonial “Falklands” en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa argentino. La situación se ve agravada por las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha manifestado su respaldo al principio de autodeterminación de los habitantes de las Islas, en abierta contradicción con la postura histórica de Argentina. Desde hace décadas, el Estado argentino sostiene que el principio de autodeterminación no es aplicable al caso Malvinas, ya que la población actual fue implantada por una potencia colonial tras el desalojo forzoso de las autoridades argentinas en 1833. En este sentido, el reclamo argentino se basa en la integridad territorial, y no en la voluntad de una población que no es originaria del territorio en disputa

.Frente al debilitamiento del reclamo soberano en el plano nacional, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur adoptó una postura activa. El 13 de julio, la administración encabezada por Gustavo Melella envió reclamos formales a las embajadas de China, Corea del Sur y España, denunciando la presencia reiterada de embarcaciones pesqueras en aguas bajo jurisdicción provincial. En dichas comunicaciones se advirtió que, de persistir estas incursiones ilegales, la provincia tomará medidas concretas para proteger los recursos naturales y reafirmar su autoridad en la zona.

La pesca ilegal en aguas circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur no constituye una problemática reciente, sino que es el resultado de décadas de depredación sistemática de nuestros recursos marítimos, que se suman a la ocupación ilegítima del territorio argentino. Tras la Guerra de Malvinas, el Reino Unido consolidó su control sobre el Atlántico Sur, profundizando su dominio colonial a través del mar. Este proceso modificó el modelo económico de las islas, que pasó a sostenerse principalmente mediante la venta ilegal de licencias de pesca en aguas de jurisdicción argentina. Actualmente, el gobierno británico en Malvinas obtiene más de la mitad de sus ingresos a partir de estas licencias, lo que representa no solo una violación a nuestra soberanía, sino también una pérdida económica significativa para el Estado argentino.

La actividad pesquera de estos países no solo genera un grave daño ambiental sobre el Mar Argentino sino que además constituye una reafirmación concreta del dominio colonial británico sobre territorio nacional. Tal como advirtió Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, “no solamente están saqueando nuestros recursos naturales, sino también apuntalando la presencia británica en Malvinas”. De este modo, la explotación pesquera ilegal no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como parte de una lógica más amplia de consolidación del enclave colonial en el Atlántico Sur.

La soberanía nacional no puede estar sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno. La Causa Malvinas es una cuestión de Estado, que no solo constituye pasado, sino presente y futuro. En un mundo atravesado por las disputas por territorios estratégicos y recursos naturales clave, la posición geopolítica de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur adquiere una relevancia cada vez mayor. El control de este territorio resulta esencial para consolidar una nación verdaderamente bicontinental, cuyo ejercicio de soberanía se extiende tanto al Atlántico Sur como a la región Antártica.