Politólogos al Whisky

La democracia argentina atraviesa una crisis profunda. Desde la asunción de Javier Milei, el país ha experimentado un proceso de autocratización marcado por la concentración del poder en el Ejecutivo. Entre los factores que explican esta tendencia se encuentran la delegación de facultades legislativas al presidente, el aumento de la polarización y la fragmentación social, la deslegitimación de la libertad de prensa y la represión de las protestas populares.

Mientras que países vecinos como Brasil y Uruguay se han inclinado hacia gobiernos progresistas que fomentan la participación ciudadana y la movilidad social, Argentina está gobernada por una fuerza política que prioriza el ajuste económico con el objetivo de contener la inflación y consolidar un modelo de libre mercado. Este enfoque ha intensificado las tensiones políticas y sociales, debilitando la confianza en las instituciones y afectando la calidad democrática del país.

Según el Índice de Democracia Global publicado por The Economist, Argentina es considerada una “democracia defectuosa», ubicándose en el puesto 54 de 165 países en 2024. El informe destaca una creciente división política, exacerbada por el impacto de las redes sociales en la opinión pública. Aunque el país ha mostrado avances en algunos indicadores democráticos, su estabilidad depende de consolidar la representación oficialista en el Congreso y elevar las condiciones de vida de la población. Además, el informe resalta la incertidumbre democrática en un año electoral, alertando sobre el riesgo de una mayor polarización ideológica. En un contexto global donde la brecha entre democracias y regímenes autoritarios se profundiza, Argentina enfrenta el desafío de robustecer sus instituciones, recuperar la confianza pública y reforzar su imagen internacional.

Por otro lado, según V-Dem (Varieties of Democracy Institute), Argentina ha registrado un deterioro significativo en su calidad democrática en el último tiempo. Entre 2023 y 2024, el Índice de Democracia del país sufrió una caída en varios de sus componentes clave:

• Índice de Componente Liberal: bajó de 0.81 en 2023 a 0.76 en 2024, reflejando un retroceso en las garantías de derechos y libertades fundamentales.
• Índice de Igualdad ante la ley y libertades individuales: descendió de 0.87 a 0.85, lo que indica una erosión en la protección de los derechos ciudadanos.
• Índice de Restricciones legislativas al Poder Ejecutivo: se mantuvo en 0.82, lo que refleja la continuidad de un escenario donde el Congreso presenta dificultades para actuar como un contrapeso efectivo al Ejecutivo.
• Índice de Restricciones judiciales al Poder Ejecutivo: bajaron significativamente de 0.78 en 2023 a 0.63 en 2024, lo que muestra un debilitamiento del control judicial sobre las decisiones presidenciales.

Estos datos indican un proceso de autocratización, donde las instituciones democráticas pierden capacidad de control sobre el Ejecutivo, aumentando la discrecionalidad presidencial y reduciendo la transparencia en la toma de decisiones.

Tanto The Economist como V-Dem evidencian una crisis política y una creciente polarización social, acompañadas por un debilitamiento del sistema de controles y equilibrios institucionales. Esto se refleja en la pérdida de autonomía del Poder Judicial, como en la designación de jueces por decreto, y en la reducción del rol del Congreso, ejemplificada en la delegación de facultades legislativas mediante la Ley Bases.

Crisis de legitimidad y represión gubernamental

El panorama político y social no muestra signos de mejora. Según la consultora Opina Argentina, la imagen de Javier Milei se vio fuertemente afectada tras el escándalo de la criptoestafa, lo que provocó una caída de 7 puntos en su imagen positiva: del 54% en febrero al 48% en marzo, el mayor retroceso registrado desde septiembre de 2024. Paralelamente, su imagen negativa alcanzó el 52%, el nivel más alto desde octubre.

A esta crisis de legitimidad se suman la falta de respuesta del gobierno nacional ante las inundaciones en Bahía Blanca y la represión violenta contra jubilados e hinchas que se manifestaban en el Congreso el pasado 12 de marzo. El operativo policial “antipiquete” dejó heridos de gravedad y generó múltiples controversias: los agentes utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra periodistas y manifestantes, se registraron detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad que salían de sus instituciones educativas, y se difundieron imágenes de policías golpeando a manifestantes en la vereda y circulando en autos no oficiales.

Uno de los casos más impactantes fue el de Pablo Grillo, fotógrafo independiente, quien recibió un disparo en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno. En lugar de condenar el ataque, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo minimizó, justificándolo con la afiliación política de Grillo, a quien señaló como “militante kirchnerista”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responsabilizó de los disturbios a “grupos de la política” que, según él, “usan la violencia como instrumento”. En lugar de contener la crisis y asistir a los afectados, el gobierno redobló su postura represiva, desestimando los reclamos por el aumento en las jubilaciones y la recuperación del acceso gratuito a medicamentos esenciales.

Caos en el Congreso y crisis institucional

Mientras tanto, en el Congreso, la situación también es crítica. Tras un debate sobre la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el bloque de Unión por la Patria intentó avanzar con la votación para ratificar las autoridades de la Comisión de Juicio Político y, además, someter a debate la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. La sesión se desarrolló en un contexto de alta tensión, ya que la mayoría de los diputados de La Libertad Avanza y el PRO se habían retirado del recinto, pero el quórum aún se mantenía debido a la permanencia en sus bancas de Marcela Pagano, Rocío Bonacci y el ex oficialista Oscar Zago.

Pagano había sido designada presidenta de la comisión el año anterior, pero Martín Menem desconoció la reunión constitutiva de autoridades, dejando la conformación de la comisión sin resolución. Mientras se aguardaba la votación sobre la ratificación de autoridades, la diputada Victoria Tolosa Paz propuso la votación de un nuevo emplazamiento para debatir la delegación de facultades presidenciales, lo que generó un aumento en la confrontación dentro del recinto.

En respuesta, un grupo de legisladores de La Libertad Avanza cuestionó la presencia de Pagano y Bonacci, acusándolas de facilitar el quórum necesario para que la oposición prosiguiera con la votación. La discusión derivó en un intercambio de acusaciones e insultos entre legisladores, y en un altercado entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, seguido por un incidente en el que María Celeste Ponce recibió un vaso de agua arrojado por otra diputada. La situación escaló cuando Lisandro Almirón intentó retirar de su asiento a Oscar Zago, lo que provocó empujones e intercambios verbales entre varios diputados.

Ante la creciente tensión, Martín Menem levantó la sesión argumentando falta de quórum antes de que pudieran llevarse a cabo las votaciones, lo que generó el descontento del bloque opositor, cuyos integrantes se acercaron al estrado para manifestar su reclamo. Mientras tanto, los enfrentamientos verbales continuaron en el recinto, destacándose un cruce entre Cristian Ritondo y Eduardo Toniolli, quienes tuvieron que ser separados por otros legisladores para evitar que la discusión concluyera en una pelea física.

Un panorama incierto para la democracia argentina

Argentina atraviesa un marcado desgaste institucional. La concentración del poder en el Ejecutivo, la represión de las protestas, la polarización extrema y los escándalos de corrupción profundizan la crisis democrática y aceleran un proceso de autocratización, en el que las instituciones dejan de responder a la ciudadanía para quedar en manos de una élite reducida.

El gobierno de Javier Milei enfrenta un desgaste creciente, con un Congreso paralizado por disputas internas y una sociedad cada vez más dividida. La falta de respuestas a la crisis económica y social, sumada a una estrategia basada en la confrontación constante, agrava aún más el escenario.

Sin embargo, esta situación no es nueva en Argentina. La política económica actual replica un modelo neoliberal que el país ya ha experimentado con consecuencias devastadoras. Figuras clave de la administración, como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, desempeñaron roles fundamentales en gobiernos anteriores y promovieron medidas cuyos efectos aún resuenan en la economía y en el tejido social. El ajuste estructural, la desregulación financiera y la subordinación a los mercados y al Fondo Monetario Internacional han sido aplicados antes, y la historia demuestra hacia dónde conducen.

La falta de consensos, el permanente enfrentamiento entre las fuerzas políticas y la imposibilidad de sostener debates parlamentarios sin interrupciones reflejan la crisis del Congreso como espacio de deliberación y control del Ejecutivo. La parálisis legislativa y la intensificación de los conflictos internos debilitan la capacidad del Poder Legislativo para ejercer sus funciones, profundizando la inestabilidad política y la fragilidad democrática.

A medida que el Ejecutivo refuerza su control y socava los mecanismos de equilibrio institucional, Argentina se aleja de los principios democráticos y avanza hacia un esquema de gobierno cada vez más autocrático. Restaurar la confianza en las instituciones, garantizar el respeto por los derechos ciudadanos y fortalecer la democracia son desafíos ineludibles. Si la acumulación de poder y la represión de la disidencia continúan, la crisis institucional podría escalar a niveles aún más alarmantes.