La situación crítica de las universidades públicas de nuestro país se dio a conocer en abril de este año y continuó latente hasta este momento, pasando por altos y bajos en períodos de atención. A raíz de la prórroga del presupuesto 2023 y la caída real del 76,3% de las partidas, la disputa comenzó a darse en marzo con el aplazamiento del inicio del período lectivo, paros del claustro docente y no docente, instancias de negociación sindical interna y externa, suspensión de las mesas de exámen en julio y las convocatorias de la Marcha Federal Universitaria. En su momento, desde el oficialismo se promovió un aumento para las partidas de funcionamiento edilicio, que corresponden a un 5% del presupuesto; durante agosto y septiembre se promovió, discutió y aprobó la Ley de Financiamiento Universitario que buscaba actualizar los salarios de forma mensual y acorde a la inflación declarada por Indec.
La semana pasada, Javier Milei vetó la iniciativa, en pos de proteger el equilibrio fiscal y el miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar la ratificación o la insistencia. No está de más recalcar que el aumento presupuestario implicaba el 0.14% del PBI. Sin lograr los dos tercios necesarios, la Ley de Financiamiento quedó vetada.
Esto provocó el resurgimiento de la fortaleza del movimiento estudiantil que, de manera inmediata, se declaró en estado de vigilia y convocó a la organización de asambleas en las diferentes casas de estudio a lo largo y ancho del país. Muchas iniciaron el mismo miércoles, durante el debate legislativo, expectantes al comportamiento de los diputados, culminando en la decisión de llevar adelante la toma de los edificios universitarios. Dicha medida desató amplios frentes de críticas por parte del oficialismo a partir de la calificación de esta decisión como violenta o contradictoria. Sin embargo, esto se trata de tomas con contenido de formación y discusión política, donde el objetivo es habitar y defender esos espacios, testigos del desarrollo profesional y personal de todo aquel que los atraviesa. La situación ameritó de la creatividad política de cada comunidad académica.
En la experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UNC, por ejemplo, se logró canalizar un sentimiento de conmoción mediante el fortalecimiento de la Asamblea de Autoconvocadxs, surgida durante la incertidumbre de la suspensión de las mesas de exámenes de julio y el no inicio del segundo cuatrimestre. El no saber qué hacer o cómo organizarnos nos encontró en la explanada del edificio movilizados por la angustia y el enojo de saber que se habían agotado las herramientas de protesta y canalización del conflicto. Sin embargo, también nos movilizó el amor por nuestra Universidad y por quien tenemos al lado. Organizados en comisiones -de intervención, comunicación, logística, seguridad, plan de lucha, entre otras- el claustro estudiantil busca articular acciones con el claustro docente y no docente para seguir dando la pelea en aquellos espacios en los que ellos no tienen gente, la calle.
El 12 de octubre, durante la reinauguración del ex Centro Cultural Kirchner, el presidente reivindicó su posicionamiento desde lógicas discursivas buscando “forzar un divorcio entre la sociedad argentina y la que es una de sus instituciones más creíbles” (Zuban Córdoba, 2024, p.3). El último estudio de opinión presentado por esta consultora demuestra la contundencia de las respuestas ante los dichos más controversiales de Milei, como que “los pobres no llegan a la universidad pública”, rechazada en un 76,2%.
De todas maneras, la reacción pública impacta en el tono del presidente que volvió a aparecer en LN+, para aclarar que “la educación pública y no arancelada no está en discusión” después de sostener fehacientemente que “las universidades son un curro de la casta, no se dejan auditar” y que los “pobres financian a los ricos”, para posteriormente proponer la provincialización de las universidades nacionales.
Se trata de un desprecio muy grande que encuentra un espacio seguro para difundir discusiones vacías de contenido certero, que gesta y legitima niveles de violencia que dejan atrás la virtualidad para ocupar las territorialidades. Tal es el caso de la Universidad de Quilmes, en donde un grupo de 30 militantes libertarios irrumpieron violentamente en una asamblea que se estaba realizando. Según informó Página 12, responderían al secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo y a la Concejal de Quilmes por LLA, Estefania Albasseti. Este hecho demuestra cómo desde sectores cercanos al gobierno nacional se busca desprestigiar los reclamos del movimiento estudiantil desde una lógica violenta que nos acusa de poner bombas molotov en las tomas, como sostiene Patricia Bullrich, o como Guillermo Francos, que nos compara con los guerrilleros de la década de 1970.
Mientras tanto, el gobierno avanza con las auditorías externas tras la sanción de un decreto que habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en concordancia con la Ley de Administración Financiera. Es pertinente preguntarse ¿por qué ahora? Se espera que el 22 de noviembre el poder legislativo discuta el Presupuesto 2025 y se trata de encontrar alguna irregularidad económica que avale los ataques hacia las casas de altos estudios.
Respecto a esto, el plan que se presentó no recupera lo que las universidades perdieron este año en materia económica y propone el 50% del presupuesto que los rectores calcularon que se necesita para el 2025. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación, se planea destinar el 0.88% del PBI al financiamiento, siendo que en el 2024 se destinó el 0.91% y en 2023 el 1.48%.
Ahora bien, ¿cuál es el costo que Milei está dispuesto a pagar? La organización y las respuestas que estamos dando los estudiantes a lo largo del país le generan incomodidades, le hacen encontrarse dando marcha atrás en sus creencias estructurales y lo posicionan en un lugar de nicho en el que sólo los que creen y avalan esos códigos discursivos comparten los tweets que avalan su pensamiento.
Por fuera, estamos aquellos que tomamos a la universidad pública como bastión, quienes vamos a ser los partícipes de la reconstrucción de la Argentina después de este proyecto. El desprestigio ni la deslegitimación son motivos suficientes para sumirnos en la desesperanza porque lo que decimos con la boca, lo bancamos con el corazón.
Este artículo fue escrito incorporando frases recuperadas de la última asamblea de la Facultad de Ciencias Sociales en la UNC el día 15 de octubre con el fin de plasmar, en medio de las estadísticas y el tono descriptivo, la sentimentalidad que supone una lucha como esta, narrada en primera persona.
Agradezco también a Lucía Lago Krümmer por los aportes a la redacción del presente.
Politólogos al Whisky 