Politólogos al Whisky

Esta semana fue caótica en la Argentina, como estamos acostumbrados. El plano internacional se vio convulsionado por las elecciones en Venezuela, la visita de diputados oficialistas a genocidas condenados por la ley, el regreso de Macri a la escena pública y el conflicto por la planta de gas natural licuado (GNL) que se disputó entre Buenos Aires y Río Negro. Respecto a esto último, si escuchaste las noticias, sabrás que finalmente la provincia patagónica se quedó con la inversión; pero ¿por qué es tan importante?

Se trata de un proyecto liderado por las petroleras estatales YPF y Petronas (Malasia) que consta de una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, estratégica para un modelo de país exportador de gas. Un proyecto de estas magnitudes, en un contexto global que lucha por la mitigación y adaptación al cambio climático, es importante para posicionar a Argentina en el centro de la escena y contribuir a la transición energética en pos de la crisis ambiental. 

Si bien la industria del gas natural emitió 7.75 mil millones de toneladas de CO2 durante el 2022, esta es una fuente de energía segura frente a una matriz carbonífera que emitió casi el doble durante ese mismo año, según Our World Data. El objetivo global, después de la COP 28, es “alejar los sistemas energéticos de los combustibles fósiles”, lo que pone el foco -poco ambicioso- en los combustibles de transición. Esto deja la ventana abierta para que el gas natural sea el protagonista durante un tiempo más. 

Nuestro país, por su parte, tiene una matriz energética limpia en comparación a otros países en vías de desarrollo, donde el carbón ha sido históricamente irrelevante y el petróleo implica solamente el 38.4% del consumo energético nacional. La segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, Vaca Muerta, representa el 48% de la producción nacional; y Argentina tiene un sueño exportador transversal a todos los gobiernos durante la última década. Según información de Cenital, la reserva produce 130 millones de m³ diarios, siendo que la demanda interna ronda los 180 millones de m³. La diferencia se satisface con importación. 

Para seguir desarrollando Vaca Muerta, necesitamos inversiones -Milei se está encargando de eso- y obra pública para terminar el gasoducto Néstor Kirchner y revertir el gasoducto Norte. Esto es lo ideal. No debería ser sorpresa, el oficialismo no plantea como prioridad el abastecimiento local.

El marco regulatorio que se viene diseñando desde Nación, está directamente vinculado a los intereses meramente económicos que velan por un modelo de país puramente extractivista. La aprobación del RIGI, la firma del Pacto de Mayo -que en su punto 6 apela a la buena voluntad de las provincias para explotar recursos naturales-, además de la modificación de la ley 17319/1967, permitiendo la exportación sin la objeción de la Secretaría de Energía, desregulando el rubro por completo. 

Es en este contexto que se da la disputa por la instalación de la planta de GNL en nuestro país. El proyecto implicaba su construcción en Bahía Blanca, lo que generó un proceso de articulación entre el puerto, la ciudad y la provincia para garantizar las condiciones impositivas, legales y técnicas requeridas para la instalación de la misma. Tampoco es noticia, Axel Kicillof no está en buenos términos con el presidente y esto fue lo que Alberto Weretilneck tomó como oportunidad para postular a Río Negro -suscripta al RIGI y al Pacto de Mayo- como la receptora de esta inversión. 

Javier Milei buscó otorgarle un tinte ideológico a la disputa y declaró en una entrevista que “la consecuencia la va a pagar la provincia de Buenos Aires (…) que los bonaerenses sepan que no es gratis tener a un comunista al frente”. Finalmente, YPF decidió asentar el proyecto en Punta Colorada, tras una serie de reclamos de provincias aledañas y el presidente compartió una profunda reflexión en su cuenta de X.

Dejando de lado la cuestión financiera del asunto, es importante destacar que en ningún momento se puso sobre la balanza la implicancia ambiental que tiene la instalación de una planta de estas magnitudes en una zona que depende económicamente de la pesca. Hay diferentes posicionamientos acerca del pasivo ambiental que significa la inversión, más aún teniendo en cuenta que no se trata de un proyecto de soberanía energética.

Si bien la intencionalidad está resguardada en la necesidad de abandonar la matriz energética fósil a nivel global, no establece prioridades estratégicas para realizar ese mismo proceso en nuestro país. Pensando únicamente en el resguardo económico que apareja la inversión, el oficialismo deja de lado el paradigma de transición energética justa que debería resguardar a, por lo menos, las poblaciones aledañas a la zona de explotación como Valentina Norte Rural o la Línea Sur en Río Negro, pueblos que no cuentan con los servicios básicos de gas y energía. 

La decisión tomada es el puntapié inicial para poner el foco en el sur de la Argentina, donde se desarrollará el primer proyecto enmarcado reglamentariamente por el RIGI y que pone en jaque el desarrollo y la preservación de la provincia. La oportunidad de transicionar en nuestra matriz energética y productiva debe estar acompañada de un plan de desarrollo local y nacional, en donde los dirigentes provinciales, en conjunto con la sociedad civil, breguen por frenar la voluntad extractivista de Nación y defiendan el objetivo soberano de lograr el autoabastecimiento