Argentina ha sido históricamente reconocida por ser un país pionero en la promoción de derechos LGBT+. Durante la última década, ha sancionado diversas leyes para construir una sociedad más equitativa y apoyar la diversidad sexual y de género. Estas normativas han buscado elevar el bienestar de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otras identidades fuera de las tradicionalmente aceptadas. Sin embargo, en los últimos seis meses, el país ha experimentado un retroceso en la lucha por la inclusión y la diversidad.
En el año 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2012, el Estado aprobó la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas cambiar su nombre y género en sus documentos legales sin necesidad de autorización judicial ni tratamiento médico previo. En el mismo año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley de Salud Integral para Personas Trans que establece el derecho de las personas trans a acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales como parte de su atención médica integral. En 2021, a nivel nacional, se promulgó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans Diana Sacayán – Lohana Berkins que establece un cupo laboral del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional; asimismo se emitió el Decreto 476/2021 que otorga la posibilidad de elegir la categoría «X» en el campo de género del DNI para aquellas personas que no se identifican exclusivamente como masculinas o femeninas.
A pesar de estos avances legislativos, persisten desafíos significativos en el país, como la aprobación de una ley de reparación histórica que reconozca la violencia institucional sufrida por travestis-trans por parte de las fuerzas de seguridad. La discriminación y la violencia continúan afectando a la comunidad LGBT+, dificultando la construcción de una vida libre de prejuicios, ya que muchas personas aún experimentan miedo a ser estigmatizadas solo por vivir de acuerdo a su identidad y orientación sexual. Según el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica, el 40% de las personas travesti-trans entrevistadas enfrentó el rechazo de sus padres; y 2 de cada 10 mujeres o personas con identidades de género feminizadas fueron expulsadas de sus hogares. En línea con esta problemática, la mitad de las personas no-binarias mencionó que decidió no contarles a sus padres acerca de su identidad.
La encuesta también reveló que el 16,7% de los estudiantes encuestados sufrió agresiones o discriminación por parte del personal de la institución (incluidos profesores y directivos), mientras que un 20% fue víctima de sus compañeros de clase. Estas situaciones afectan especialmente a las personas travesti-trans, quienes también enfrentan altas tasas de desempleo y dependen en gran medida de la ayuda externa para subsistir, recibiendo apoyo en forma de alimentos, ropa y préstamos financieros de diversas entidades y personas. Además, el 59,9% de los encuestados admitió haber tenido pensamientos suicidas, y el 90% reportó vivir situaciones de estrés, angustia, miedo y ansiedad. Estas cifras subrayan la urgente necesidad de implementar políticas efectivas para abordar la discriminación y proporcionar un apoyo integral a LGBT+.
Desde el aparato estatal se debe apoyar a las diversidades para facilitar su integración laboral, promover la inclusión en la educación y asegurar un acceso equitativo a la salud. Además, es crucial implementar acciones que garanticen el acceso a la vivienda y brinden apoyo psicosocial a quienes han tenido que abandonar sus hogares. También es fundamental que el Estado genere conciencia sobre el peligro que enfrentan LGBT+ debido a la propagación de discursos violentos que pueden desencadenar en crímenes de odio, como el trágico incidente ocurrido en Barracas en mayo de 2024, donde un vecino atacó a dos parejas de lesbianas con un explosivo mientras dormían, causando la muerte de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, e hiriendo gravemente a Sofía Castro Riglos.
Sin embargo, en un contexto donde el gobierno actual parece centrarse únicamente en lograr el déficit cero, es poco probable que los reclamos de LGBT+ sean escuchados y atendidos. Las partidas presupuestarias destinadas a asistir y promover los derechos de este sector de la población no han sido ejecutadas hasta ahora. La ejecución de la Asistencia Financiera a Obras de Protección de la Diversidad y Género se mantiene en cero, y esta situación se replica en otras áreas de la Administración Pública Nacional al revisar la Apertura Programática. Aunque se ha asignado un presupuesto para las Políticas de Igualdad y Diversidad; la Promoción de las Manifestaciones Culturales de las Minorías y Colectivos Vulnerables; Género, Diversidades y DDHH; así como para las Acciones de Ayuda Urgente para Travestis, Transexuales y Transgénero, hasta junio de 2024 no se llevó a cabo ninguna ejecución.
Además, el gobierno de La Libertad Avanza ha tomado medidas que indican que la agenda LGBT+ no solo carece de prioridad, sino que ni siquiera parece formar parte de la agenda gubernamental. Desde el inicio de la gestión, se redujo la jerarquía del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, transformándolo en la Subsecretaría contra la Violencia de Género. Esta decisión se acompañó del despido de trabajadores/as del área, culminando con el anuncio en junio de 2024 del cierre definitivo del organismo.
El accionar del gobierno nacional muestra que, a pesar de los avances logrados en materia de derechos, la libertad de ser uno mismo se ve amenazada cuando el Estado no crea las condiciones necesarias para una vida plena y sin prejuicios. Aunque el recorte del gasto público sea una prioridad indiscutible para La Libertad Avanza en la lucha contra la inflación, son los sectores más vulnerables los más afectados por estas decisiones. Por tanto, es crucial que el Estado asuma su responsabilidad de proteger y promover los derechos de todas las personas, asegurando un entorno inclusivo y equitativo para toda la sociedad.
Politólogos al Whisky 
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