Politólogos al Whisky

El sector agrario en la Unión Europea ha experimentado tensiones sostenidas a lo largo de varios años. Sin embargo, hace dos semanas dichas tensiones han alcanzado un nivel crítico en las recientes movilizaciones emprendidas en Francia y que se replicaron en el resto de los miembros de la Unión. Estas manifestaciones masivas han elevado la problemática agraria a la vanguardia de la atención pública y política. A pesar de representar tan solo el 1,4% del PIB de la UE, los agricultores han demostrado poseer la capacidad de desequilibrar la agenda política.

El punto culminante de estas protestas tuvo lugar durante la cumbre de la UE centrada en Ucrania, donde los agricultores acamparon en las proximidades del Parlamento Europeo, llegando incluso a arrojar huevos contra dicha institución. Además, se han registrado múltiples tractoradas en diversos países, así como bloqueos en puertos, grandes ciudades y fronteras. Estos eventos han evidenciado la complejidad y gravedad de la situación agraria en la Unión Europea.

No obstante, las manifestaciones en el sector primario no son un fenómeno nuevo. El año pasado, países del Este de Europa, como Polonia, Rumanía y Bulgaria también experimentaron protestas similares en oposición al impacto generado por la importación de grano de bajo coste provenientes de Ucrania. Estas importaciones, al subcotizar los precios internos, afectaron adversamente las ventas de los productores locales.

En términos generales, las demandas presentadas no difieren sustancialmente entre las diversas movilizaciones transnacionales, aunque cada país pueda añadir o personalizar sus propias exigencias. Se culpa a la UE y sus políticas económicas, reguladoras y ecológicas. Estas críticas se dirigen particularmente hacia la Política Agraria Común (PAC), instrumento europeo que si bien está destinado a respaldar el sector primario y asegurar la seguridad alimentaria del continente, su inclinación hacia un exceso de burocracia y la imposición del modelo de ecorregímenes, lo vuelve sumamente ineficiente.

Asimismo, el Pacto Verde Europeo emerge como un punto de discordia entre la administración y los agricultores, al enfocar la transición ecológica de los Estados miembros, implicando la aplicación de tasas al carbono, la prohibición de pesticidas, restricciones a las emisiones de nitrógeno, así como las limitaciones al uso del agua y la tierra.

Las demandas se centran en la reconfiguración del mercado de importación de terceros países a precios reducidos, la suspensión de la ratificación de los acuerdos con el Mercosur y Nueva Zelanda, la flexibilización de la burocracia y de los costes ambientales, derivadas de la PAC. Además, se reclama la aplicación de precios justos, con el objetivo de garantizar que los precios agrícolas superen siempre los costes de producción.

Aun así, cada país ha personalizado sus exigencias. En Francia, uno de los desencadenantes de las movilizaciones fue la propuesta gubernamental para eliminar gradualmente una exención fiscal para los agricultores sobre el combustible diésel, como parte de una política de transición energética más amplia. En Alemania, de manera similar a Francia, la reducción de los subsidios al combustible agrícola y la exención del impuesto de circulación para los vehículos agrícolas, incluida en los recortes presupuestarios federales, fue uno de los motivos que llevó al estallido de protestas en el sector primario. En los Países Bajos, la problemática específica está relacionada con la tributación del nitrógeno, afectando a la producción industrial de cerdos y pollos, mientras que en el Este de Europa, la atención se centra en la importación de productos ucranianos.

No obstante, la preocupación de los países del Este por la importación de terceros países se ha generalizado en los distintos países de la UE, como ejemplifica el caso de España, que acusa a Marruecos de competencia desleal. Esta acusación se fundamenta en la falta de exigencias por parte de la UE hacia países terceros a la hora de importar productos, requisitos que son obligatorios para los productores europeos.

Las demandas en España presentan ligeras variaciones respecto a las europeas, ya que el sector primario se enfrenta a una sequía histórica, especialmente en la costa mediterránea de la península. En respuesta a esta coyuntura, se solicita una reforma del seguro agrario para garantizar una mayor cobertura ante las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático, que afectan negativamente a las cosechas de los agricultores. Además, se aboga por el fortalecimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, pionera en la UE, con el propósito de prohibir prácticas comerciales desleales y asegurar precios equitativos que permitan a los agricultores cubrir los costes de producción.

Ante el cúmulo de protestas, desde Bruselas se ha anunciado la postergación de las normativas que requerirían a los agricultores reservar terrenos con el fin de promover la salud del suelo y la biodiversidad. Asimismo, la Comisión Europea ha comunicado que extendería la suspensión de los derechos de importación sobre las exportaciones ucranianas por un año más, hasta junio de 2025. A nivel nacional, Alemania ha retrocedido parcialmente en sus planes de recortar los subsidios al diésel el mes pasado, Grecia ha anunciado una prórroga de un año para una devolución fiscal especial al diésel agrícola, y en Francia, el primer ministro, Gabriel Attal, ha anunciado que el país aumentaría los controles sobre las importaciones extranjeras con el objetivo de salvaguardar a los agricultores de la competencia desleal.

Estas manifestaciones influyen en otra dimensión de la Unión Europea: la esfera electoral. El próximo mes de junio, los ciudadanos comunitarios están convocados a las urnas para determinar el futuro de la Unión. Los partidos europeos de extrema derecha aspiran a obtener avances en estas elecciones y pueden capitalizar las quejas de los agricultores para su beneficio político, lo que representaría una grave amenaza para la dinámica parlamentaria establecida hasta la fecha.

La instrumentalización del descontento del sector primario por parte de la extrema derecha ya ha sido evidente en Alemania, donde el partido ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) se ha involucrado en las movilizaciones y ha expresado su apoyo a las mismas. En España, Vox también busca capitalizar las movilizaciones, aunque hasta ahora parece que ha tenido poco éxito. En los Países Bajos, en marzo del año pasado, un partido populista neerlandés llamado Boerburger Beweging aprovechó una ola de indignación rural para convertirse en el partido más grande en el Senado neerlandés.

El sentimiento de abandono, exclusión y perjuicio de la globalización, compartido en gran medida por parte de los agricultores, crea un ambiente propicio para la emergencia y aprovechamiento político de la extrema derecha europea. Las protestas de los agricultores señalan la contradicción entre impulsar políticas ambientales y permitir la importación de productos que incumplen las normativas, así como la distribución desigual de las ayudas de la PAC. Ante esto, la ultraderecha despliega argumentos que abrazan el negacionismo climático y aviva la hostilidad hacia la Unión Europea, discursos populistas que distorsionan las legítimas demandas del sector agrícola.
Las encuestas anticipan que, en las elecciones europeas, la extrema derecha logrará la segunda posición tanto en Alemania como en Francia. En este contexto, podría surgir un gran pacto entre los grupos parlamentarios de derechas, alterando el equilibrio de poder en Europa. Se requiere prudencia, ya que si bien las reivindicaciones son legítimas y dignas, existe el riesgo de una deriva hacia la extrema derecha, el euroescepticismo y el negacionismo.