Nayib Bukele, el presidente convertido en influencer, se ha convertido en una figura destacada a nivel regional en la lucha contra el crimen organizado. Su enfoque, basado en la mano dura, presenta una significativa dicotomía problemática que plantea desafíos inherentes entre la preservación y consolidación de la democracia y el autoritarismo exitoso en materia de seguridad.
Desde la asunción de la presidencia por parte de Bukele, el presidente salvadoreño ha centrado sus esfuerzos en la erradicación del crimen organizado asociado a las maras, en particular contra la Mara Salvatrucha y Barrio 18. A través de la imposición de medidas como el régimen de excepción y la declaración de emergencia máxima en las instituciones penitenciarias de El Salvador, el gobierno encabezado por Bukele ha logrado un drástico descenso en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, descendiendo de los 103 en 2015 a un notable 2,4 en 2023. Estos logros le han permitido obtener un sustancial apoyo popular, aproximándose al 87%.
No obstante, los favorables resultados obtenidos en la campaña contra las maras conllevan un tremendo coste en términos humanitarios y democráticos. La práctica de detenciones sin necesidad de orden judicial, las muertes en cárceles, el acoso judicial a organizaciones defensoras de los derechos humanos, la ofensiva gubernamental contra medios de comunicación, la militarización del país, así como el desmantelamiento de la división de poderes y las denuncias emitidas por entidades dedicadas a la promoción de derechos humanos y consolidación de la democracia, han generado una alarma generalizada en lo que respecta a la integridad democrática de El Salvador y de la totalidad de Latinoamérica.
El plan de Nayib Bukele, percibido en la región como una respuesta a la crisis de violencia regional, va ganando popularidad entre los actores políticos de los países vecinos. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro, decretó el estado de excepción en todas las áreas geográficas nacionales con las tasas de delincuencia más elevadas. En Ecuador, tras los acontecimientos ocurridos a principios de este año, se vislumbra una tendencia hacia la “bukelización” del país bajo la administración del presidente Daniel Noboa. A finales de 2022, Jamaica también implementó el estado de excepción generalizado con el propósito de combatir a los denominados “pelotones”.
El método Bukele también ha ejercido influencia en la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, así como a candidatos municipales colombianos, alcaldes peruanos y diputados brasileños, quienes proponen medidas “a lo Bukele”.
El retroceso democrático en la región, el incremento de la inseguridad y la inestabilidad, así como la centralidad que está tomando la seguridad en las preocupaciones ciudadanas, sugieren la posible adopción del modelo salvadoreño por parte de otros países. Sin embargo, las medidas implementadas en El Salvador se caracterizan por su naturaleza cortoplacista, presentando problemas a largo plazo y constituyendo una amenaza a las democracias nacionales.
En primer lugar, el método Bukele pone en peligro al sistema democrático al fundamentar su estrategia en el control del Poder Legislativo y la designación inconstitucional de jueces con el objetivo de controlar el Poder Judicial. Estas prácticas transgreden la indispensable separación de poderes requerida para el funcionamiento óptimo de cualquier democracia.
Adicionalmente, se presenta como una solución cortoplacista e insostenible, dado que conlleva que el Estado destine todos sus recursos a la seguridad, relegando a un segundo plano otras problemáticas sociales, como la desigualdad. En este contexto, experiencias como la lucha del narcotráfico en México evidencian que la mano dura resulta insuficiente si no va acompañada de una estrategia integral que aborde los problemas estructurales subyacentes que propician situaciones de violenta inestabilidad.
No obstante, la principal preocupación radica en la posible exportación de dicho modelo a otros países latinoamericanos. Como se ha mencionado anteriormente, diversos Estados han adoptado posturas afines al presidente salvadoreño. A pesar de esta tendencia, cada vez más latente, es pertinente subrayar que hay ciertos factores susceptibles de generar disparidades en los resultados de estas políticas.
El contexto criminal entre países latinoamericanos presenta condiciones muy diversas que obstaculizan el éxito de la “bukelización” en otras naciones. La imposibilidad de comparar las maras salvadoreñas, de relativa pobreza económica y débil estructura interna, con organizaciones transnacionales con gran poder económico y militar (como por ejemplo los carteles mexicanos), representa una de las piedras angulares de estas diferencias estructurales. A esta profesionalización de las mafias del narcotráfico se le añade las diferencias geográficas y demográficas de El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, contrastando con países de mayor envergadura en los cuales las organizaciones criminales, en ocasiones, sobrepasan las capacidades de las fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, factores políticos, como la necesaria popularidad que hoy en día ningún líder político tiene, plantean dudas serias sobre la viabilidad del éxito en caso de emular las estrategias de Bukele. A nivel institucional también destaca la fortaleza y la solidez de las instituciones democráticas en ciertos países latinoamericanos, cuya conjunción con una arraigada conciencia social democrática pueden dificultar enormemente la adopción de medidas autoritarias. Sin embargo, situaciones como la acontecida en Ecuador podrían eventualmente emplearse para legitimar retrocesos democráticos y el surgimiento de regímenes híbridos.
Los esquemas autoritarios o incluso dictatoriales que se delinean a través del método Bukele representan una amenaza tangible para las democracias latinoamericanas, implicando una constante degradación de las instituciones y los valores democráticos. Ante este escenario, América Latina se encuentra en la necesidad de emprender un proceso de reflexión y acción colectiva. La respuesta a la amenaza autoritaria requiere cohesión, entendimiento y valentía para salvaguardar el futuro democrático de la región. La responsabilidad de prevenir un retroceso hacia eras dictatoriales recae en aquellos dispuestos a perseverar en la construcción de un mundo libre y democrático.
Politólogos al Whisky 
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