Politólogos al Whisky

La Cámara de Diputados demostró, 166 días después de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, su incapacidad de abandonar las diferencias entre oficialismo y oposición para lograr un acuerdo y sesionar sin inconvenientes. En efecto, la sesión del martes pasado (1/09) marcó un quiebre profundo en el consenso que venían manteniendo los bloques políticos en torno al funcionamiento de la Cámara en tiempos de pandemia. Mientras que en mayo las coaliciones convenían un protocolo virtual y se celebraba su capacidad de alcanzar acuerdos, quedó en evidencia el resultado de las tensiones acumuladas hace semanas. Una escena para el olvido que dejó a la ciudadanía con una gran incertidumbre sobre el futuro.

La sesión estaba pactada para las 13:00 hs. y había sido convocada por el Frente de Todos y el resto de los bloques minoritarios de la Cámara, sin la firma de Juntos por el Cambio. Habían acordado mantener una reunión de Labor Parlamentaria dos horas antes. El tema principal era la renovación del protocolo para sesionar de manera virtual, que había caducado el 4 de agosto. La coalición oficialista se había decidido a retomar el ritmo parlamentario tras dos semanas en pausa por falta de reglas claras.

En el centro de este debate aparecieron los proyectos a tratar en el futuro, siendo los puntos más controvertidos la Reforma Judicial y el proyecto que grava a las grandes fortunas, largamente anunciado por el oficialismo. Juntos por el Cambio se negó a prorrogar las sesiones virtuales por otros 30 días a menos que se estableciera por escrito que no se pondrían en consideración temas judiciales, tributarios ni jubilatorios. Argumentó que estos debates debían darse de manera presencial por la importancia institucional que entrañan. En contraposición, el Frente de Todos advirtió sobre el riesgo sanitario que involucraría reunir a 257 diputados y diputadas en un solo recinto, teniendo en cuenta el aumento exponencial de casos de coronavirus en la Capital Federal. 

Momentos antes de la sesión, en una reunión privada de la mesa chica durante el cuarto intermedio de Labor Parlamentaria, comenzó a vislumbrarse un eventual acuerdo que incluía la posibilidad de llevar a cabo sesiones mixtas en algún lugar más grande para que quienes quisieran sesionar de manera presencial pudieran hacerlo pero respetando, a su vez, a quienes prefieran mantener la virtualidad por motivos sanitarios o de seguridad. Sin embargo, esta idea tampoco prosperó. 

Aquello que había comenzado con un pacto político acordado en el marco de la emergencia sanitaria mostró su quiebre final tras esa reunión. Las facciones de Diputados habían establecido acordar los temas a tratar y hasta ese entonces no se habían presentado grandes objeciones. El cuerpo legislativo parecía dispuesto a aprobar textos consensuados con el fin de llevar tranquilidad a la población. Sin embargo, la erosión comenzó a darse tras los rumores de que el Ejecutivo enviaría la Reforma Judicial al Congreso.

Esta noticia potenció que varios actores opositores expresaran su descontento en los medios masivos de comunicación y apoyaran convocatorias populares en las calles para oponerse a la iniciativa oficialista. Esto llevó a que el diálogo entre las partes se cortara una vez finalizada la última prórroga de sesiones virtuales. Tal fue el descontento del Frente de Todos, que Juntos por el Cambio no fue convocado a participar de negociaciones luego de que eso ocurriera.

Otro punto de tensión surgió dentro del mismo grupo opositor, donde se enfrentan un ala más dialoguista con un sector más duro alineado al ex presidente Mauricio Macri. Esta fricción interna que supieron contener los principales líderes de Juntos por el Cambio comenzó a mostrar ciertas dificultades para alcanzar consensos internos. Tal es el hecho de que, según declaraciones de diputados, una llamada telefónica habría desarticulado el acuerdo al que parecían estar llegando oficialismo y oposición en Labor Parlamentaria.

Lo que empezó como una reunión de rutina, se convirtió en un áspero encuentro de ocho horas que terminó en el fracaso. Juntos por el Cambio informó en Pasos Perdidos que no había consenso y que la sesión entonces no era “válida”, pero que igualmente iban a sentarse en sus bancas. Sergio Massa, presidente de la Cámara, indicó que la oposición férrea buscaba “condicionar la agenda” y que tenían el quórum para continuar trabajando de manera virtual. De cada lado del ring se exhibía la incapacidad de negociación del contrincante, prolongando un encuentro que terminaría con un resultado amargo y sin definiciones claras.

A eso le siguió una sesión que comenzó a las 19:30 hs. y duró nueve horas, de las cuales cinco fueron ocupadas por críticas, insultos, vitoreos y abucheos de ambos lados del arco político. El objetivo del encuentro, que era auxiliar al sector turístico y endurecer las sanciones frente a la pesca ilegal, quedó totalmente opacado por un intenso cruce que demostraba la falta de acuerdo sobre algo tan elemental, como lo es la forma en que el Congreso debe sesionar.

El Frente de Todos prorrogó las sesiones virtuales con el apoyo de los bloques minoritarios ya que consideró que se había alcanzado un consenso con la mayoría de los diputados y diputadas. Así, tomó como válida para el quórum sólo la presencia de aquellos legisladores que estuvieran conectados al sistema virtual. Por su parte, Juntos por el Cambio indicó que no había consenso posible sin ellos, la segunda minoría de la Cámara, por lo que entendían que la sesión podía ser sólo presencial. En consecuencia, frente a un escribano, contabilizaron como presentes sólo a aquellas personas que estuvieran sentadas físicamente en sus bancas. Según ellos, no había quórum. Para que la Cámara pueda sesionar se necesita que estén presentes la mitad más uno de los diputados y diputadas, es decir 129. Una vez habilitado el debate, los proyectos de ley son aprobados con la mayoría simple de los presentes. En la sesión del 1 de septiembre, la presidencia contabilizó a 131 legisladores registrados en el sistema virtual para dar inicio a la sesión.               

De esta manera, se llevaron a cabo dos “sesiones paralelas”: una, encabezada por el oficialismo con quórum virtual, que terminó aprobando dos leyes en la madrugada, y otra, a cargo del mayor bloque opositor, que no tenía quórum presencial. Consecuentemente, Juntos por el Cambio amenazó con impugnar la sesión del oficialismo en la Justicia. La escena evidenció una disputa de poder que siempre existió en el Congreso. Desde que el Frente de Todos asumiera el 10 de diciembre como nuevo gobierno, la Cámara de Diputados se encuentra dividida entre dos fuerzas políticas. La primera es la principal alianza de oposición que busca constituirse en una fuerza disruptiva para alcanzar la mayoría en las próximas elecciones legislativas. Para hacerlo requeriría al menos 13 nuevas bancas para lograr quórum propio o 4 bancas para constituirse en primera minoría sin quórum propio. La segunda fuerza es la oficialista y actualmente primera minoría, con el peso de un Ejecutivo a sus espaldas. 

Sin lugar a duda, reunir a más de 250 personas en un espacio reducido sin respetar las previsiones de los expertos en materia sanitaria sería un riesgo para la salud de los presentes y para los trabajadores de la Cámara. Sin embargo, la pandemia tampoco debe ser un obstáculo para hacer determinadas concesiones con el objetivo de lograr un acuerdo. En este contexto, el funcionamiento del Congreso no puede paralizarse, ya que instituciones sólidas son menester para garantizar la calidad democrática. El consenso más importante en las cámaras debiera ser siempre poder continuar sesionando. Resulta preocupante que los mayores exponentes políticos de los diferentes partidos políticos no puedan acordar acerca del funcionamiento parlamentario. Si bien su cargo requiere de la deliberación constante, las cuestiones de forma no pueden impedir el tratamiento del fondo.

Los acontecimientos de esta semana alimentan un reclamo histórico: construir una cultura política sólida con una oposición responsable que ejerza control sobre los actos del oficialismo para proteger los intereses del pueblo. No obstante, el rol de control de la oposición no puede jamás significar un boicot organizado a los actos del gobierno de turno. Desde comienzos del milenio, las diferentes fuerzas partidarias que ocuparon el lugar de oposición utilizaron como maniobra política el obstaculizar, suspender o incluso paralizar el trabajo del Congreso Nacional. 

Por ejemplo, tras las elecciones legislativas del 2009, la oposición mayoritaria en Diputados gestó el llamado “Grupo A” que tuvo gran peso en la elección de autoridades de Cámara y de comisiones. De esta manera, lograron bloquear durante el año siguiente varias de las iniciativas impulsadas por el arco oficialista. La falta de consenso sobre qué temas poner en agenda concluyó en un año con muy baja actividad legislativa. De manera similar, durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, el bloque opositor del Frente de Todos se negó a dar quórum reiteradamente alegando que se trataba de una herramienta política y que el oficialismo debía ocuparse de conseguir los votos para habilitar los debates por sí mismo. Hoy en día, Juntos por el Cambio utiliza la misma maniobra para evitar tratar temas que no son de su interés, bajo la mirada crítica del Frente de Todos. La herramienta es útil y válida según del punto de vista que se lo mire. Si bien la política es un juego con reglas propias que se modifican a medida que la partida avanza, todos pierden si un jugador se va. 

Quizás ya es hora de dejar de jugar un juego al que parecieran no quedarle fichas. La pandemia del COVID-19 ha profundizado la desigualdad en una Argentina dividida ideológicamente. En escenarios de crisis, los legisladores y legisladoras cargan con la responsabilidad de responder rápida y asertivamente a las necesidades que presenta el contexto. Para lograrlo, es hora de establecer un nuevo juego con reglas claras y de tener a todos los jugadores sentados en la mesa. Sin esto, resulta imposible establecer consensos y construir legitimidad alrededor del trabajo de los y las legisladores/as. Por el momento, se espera que esta partida se reanude y se alcance una decisión respecto de la modalidad de trabajo de la Cámara que deje satisfechos tanto al oficialismo como a la oposición. La semana próxima podría convocarse un nuevo encuentro para intentar arrimar posiciones y lograr lo que la ciudadanía esperaba esta semana: una negociación madura en la que todas las partes ofrezcan concesiones en pos del debate político. En el mejor de los escenarios, esto marcará el modo en el que Diputados sesionará en la segunda mitad del año.

Asimismo, no debe olvidarse que en contextos de emergencia el rol de los Poderes Legislativos cobra especial relevancia. El Congreso tiene la obligación de dar respuesta a las necesidades específicas que surjan producto de la profundización de las desigualdades que la pandemia del COVID-19 ha traído aparejada. No sólo debe representar los intereses de la ciudadanía, sino que tiene la impostergable tarea de ejercer el control sobre las políticas públicas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo. De esta forma, y haciendo honor al sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución Nacional, ejerce un monitoreo constante y garantiza que las medidas y reglamentaciones de la otra rama del Estado se efectúen conforme a derecho. En un sistema con un presidencialismo hipertrofiado como lo es el argentino, la paralización del Congreso otorga un poder desmedido al Poder Ejecutivo. En los últimos años, ha crecido la preocupación en torno a la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo y a la utilización desmedida de Decretos de Necesidad y Urgencia, prácticas que se fueron consolidando desde finales de la presidencia de Raúl Alfonsín hasta el presente. De igual forma, resulta preocupante la inminencia de un Congreso parado que dé pie a la utilización extendida de estas estrategias que atentan contra un Estado equilibrado entre tres poderes. De hecho, el Congreso es el encargado de controlar la legalidad de los DNU y el rechazo o aprobación ser avalado por ambas cámaras. Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia la Cámara de Diputados no trató en sesión ningún DNU mientras que el Senado lo hizo en reiteradas ocasiones.

Los acontecimientos del martes pasado demuestran que quienes fueron electos para dar respuestas a necesidades concretas no están a la altura de la situación. La incertidumbre que se desencadenó como consecuencia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto de la modalidad para sesionar pone en peligro la continuidad de un normal funcionamiento de las cámaras. Por ello, frente a una crisis sanitaria sin precedentes en este país y atendiendo al hecho de que los Poderes Legislativos deben constituir el ámbito de construcción de consensos por excelencia, se espera que las autoridades de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados garanticen el cumplimiento de sus funciones de legislación, control político y representación.